Diario Bolivia.- El Gobierno abrogó siete decretos supremos aprobados en el régimen de facto de Jeanine Añez, debido a errores de diseño, la mala aplicación, falta de resultados y de fondos económicos requeridos, y porque algunos sólo favorecían a pocos sectores.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que se abrogaron los decretos supremos (DS) 4272, 4198, 4211, 4298, 4139, 4181 y un artículo del 4339, con los que el gobierno transitorio intentaba implementar el modelo económico neoliberal.
Los decretos
Detalló que en el caso del DS 4272, que establecía un conjunto de políticas y medidas de ajustes fiscales en el sector público, ante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (Covid-19), estaba “mal planteado” y no contaba con los recursos económicos para su ejecución.
Esta norma disponía la creación del Fondo de Reactivación (FORE) con una base de Bs 12.000 millones que nunca fue desembolsada ni constituida.
Asimismo, creaba el Fondo de Garantía Sectorial (Fogasec) con Bs 1.100 millones que tampoco fueron desembolsados ni pudieron ser ejecutados.
El mismo decreto constituía el Fondo de Garantía de Vivienda Social y Solidaria (Fogaviss), que tenía la finalidad de facilitar créditos para la refacción, construcción o compra de la casa propia a través de un fondo de Bs 5.000 millones, pero que tampoco fue ejecutado y menos garantizó algún préstamo, pese a que fueron desembolsados Bs 500 millones para el fideicomiso.
Además se derogó el DS 4198, que establecía el diferimiento del pago del IUE (Impuesto a las Utilidades de las Empresas), que a noviembre generó una deuda tributaria de Bs 160 millones al Estado y de Bs 1.594 millones a diciembre de 2019.
“Ésta es una de las explicaciones por las cuales el déficit fiscal se ha ampliado en el gobierno de facto”, sostuvo la autoridad.
De manera similar, el DS 4211, que establecía un diferimiento temporal en el Gravamen Arancelario (GA) para la importación de trigo, le significó al Estado un perjuicio de Bs 4 millones.
Entretanto, el Decreto Supremo 4298, que disponía incentivos tributarios para la reactivación económica, generó un sacrificio fiscal de Bs 160 millones a las arcas estatales, mencionó el ministro Montenegro.
“(Estos decretos) establecían una serie de medidas tributarias basadas en la urgencia y de manera temporal por el brote del coronavirus, pero que le han significado al erario nacional un sacrificio fiscal muy grande”, dijo.
Seguridad alimentaria
De acuerdo con la autoridad, también se abrogó el DS 4139, que liberaba las exportaciones. Éste dejaba de privilegiar el mercado interno y ponía en riesgo la seguridad alimentaria a través del abastecimiento de alimentos como la carne de res, pollo, harina de trigo, arroz y el maíz, además de la estabilidad de precios.
El DS 4181, abrogado, pretendía favorecer sólo a las grandes empresas exportadoras y principalmente importadoras, porque establecía un nuevo procedimiento para la devolución del Gravamen Arancelario (GA) de la importación de mercancías por un importe de Bs 17,7 millones.
Finalmente, se modificó un artículo del DS 4339, referido a la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que fue improvisada y creada sin los sectores involucrados.
Se abrogan siete decretos de Añez por errores y falta de resultados
