Cómplices de la dictadura de Añez, que encarceló a 1.500 masistas, dicen que son perseguidos

PLURINACIONAL NOTICIAS.- El partido del golpista y racista, Luis Fernando Camacho, CREEMOS, denunció «persecución» y «cacería» de opositores al MAS que ganó las elecciones con más del 55% y gobierna Bolivia desde el 8 de noviembre.

Sin embargo, los legisladores de CREEMOS, olvidan que durante el gobierno de facto que Camacho puso, a la cabeza de la senadora beniana Jeanine Añez, ejecutó una brutal persecución y cacería de autoridades y militantes masistas, llegando a encarcelar a más de 1.500 opositores sin respetar el debido proceso e inventándose pruebas.

La  violenta, abusiva e ilegal detención de masistas, estuvo a la cabeza del hoy prófugo exministro Arturo Murillo y su brazo policial, el coronel Iván Rojas, también fugado tras haberle encontrado miles de dólares en sus cuentas bancarias sin la justificación de sus ingresos.

No hay persecución ni cacería a los ahora opositores al gobierno del MAS. Una muestra de ello es que la expresidenta de facto Añez, está libre y escribe libremente una serie de barbaridades en su cuenta de twitter.

Lo que hay en Bolivia, es algunos juicios por la corrupción asquerosa del régimen de Añez y sus muchachos que usurparon el gobierno sin haber logrado ni un voto en las urnas y con una ilegal supuesta sucesión constitucional.

 

Creemos denuncia ante la ONU y UE “persecución y cacería” contra Camacho, jefes de FFAA y Policía

Creemos denuncia ante la ONU y UE “persecución y cacería” contra Camacho, jefes de FFAA y PolicíaLos legisladores de Creemos. Foto: Erbol

Brújula Digital |02|12|20| La alianza Creemos anunció este miércoles que presentará ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) una denuncia contra el gobierno de Luis Arce por “persecución y cacería” contra el líder de esta tienda política, Luis Fernando Camacho, también contra los jefes de Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana, en un intento por cambiar el fraude electoral ocurrido en octubre de 2019 por “golpe de Estado” atribuido a los hechos violentos después de la renuncia de Evo Morales en noviembre del año anterior.

“Estamos haciendo una denuncia a la señora (Michelle) Bachelet (de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos)  para que ella esté informada de la persecución y la cacería contra la oposición que está empezando a trabajarse en Bolivia, a partir de una nueva narrativa donde se están tratando de tergiversar los hechos esto no tiene ninguna base real (…) Estamos haciendo también la denuncia a los otros parlamentos internacionales, Unión Europea”, aseguró la senadora Centa Rek junto a sus correligionarios en el Legislativo.

La exdiputada del MAS, Lidia Patty, presentó el lunes (30) una demanda penal contra Camacho, su padre, José Luis Camacho,  además de los excomandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), Williams Kaliman, y de la Policía, Vladimir Yuri Calderón, por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración en contra del gobierno de Evo Morales, durante la crisis de 2019.

Reck aseguró que “nuestra defensa va a ser firme. No somos tibios, somos personas comprometidas con la libertad, con los derechos humanos y acá no se juega sólo la libertad de Luis Fernando Camacho, que la merece porque es lo único que hizo fue representar el derecho de los bolivianos y la dignidad de los bolivianos, se juega la libertad de todo el pueblo de Bolivia”.

La semana anterior, la Fiscalía presentó un zapato perteneciente a una de las víctimas y capturas de pantalla de videos de Facebook como presuntas “pruebas” contra el general Alfredo Cuéllar, militar activo de la Fuerza Aérea Boliviana, a quien se acusa de haber ordenado disparar contra la multitud en Huayllani (Senkata) durante los conflictos poselectorales de noviembre de 2019 que dejaron 12 muertes.

Rek afirmó que a partir de estos hechos, Creemos llevará su reclamo ante las delegaciones de organismos internacionales. “La bancada de Creemos se ha constituido (…), estamos haciendo representación ante organismos internacionales. Mañana vamos a mostrar los documentos que dejamos a los organismos internacionales, para poder concatenar los hechos”, dijo.

Recordó las palabras del presidente Luis Arce quien se refería al gobierno de Jeanine Añez de transitorio constitucional y ahora que asumió la Presidencia asegura que hubo “golpe de Estado”.

En esta línea, señaló que en las denuncias ante organismos internacionales se establecerá que el MAS intenta realizar acciones penales sobre hechos ficticios. También manifestó que se incluirá la “persecución” de que estarían siendo objeto las Fuerzas Armadas y la Policía.

Rek consideró que las declaraciones del precandidato por el MAS a la Gobernación de Santa Cruz, Mario Cronenbold, quien dijo que depondría su candidatura en el caso de que se persiga a Camacho, forman parte de un “show político” para “ganar el voto”. “Él (Cronenbold) tiene una forma muy particular de actuar, y creo que esta actuación corresponde a eso. Mi bancada piensa que es una situación de un show buscando llamar la atención y tener la adscripción ciudadana, ganar simpatía ciudadana”, manifestó.

Cronenbold afirmó este martes que “si persiguen a (Luis Fernando) Camacho (líder de Creemos) voy a levantar mi candidatura”, a la Gobernación de Santa Cruz, y dijo que “si está demanda que no tiene fundamento, para qué voy a quedar como mentiroso y el Gobierno haciendo otra cosa”.

https://brujuladigital.net/politica/creemos-denuncia-ante-la-onu-y-ue-persecucion-y-caceria-contra-camacho-jefes-de-ffaa-y-policia

https://mundo.sputniknews.com/america-latina/202011241093603108-1500-presos-politicos-del-gobierno-de-anez-aun-esperan-su-libertad-en-bolivia/

Con la elección democrática del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la asunción del presidente Luis Arce, Bolivia concluyó un año de enfrentamientos y violentos conflictos internos. Pero aún quedan 1.500 presos políticos del anterior Gobierno de facto que aguardan la anulación de las acusaciones en su contra durante las protestas en 2019.

Si bien Bolivia acaba de recuperar su democracia, 1.500 personas siguen detenidas en cárceles o con prisión domiciliaria acusadas de «sedición» o «terrorismo» por el Gobierno de Jeanine Áñez (2019-2020).

Desde el pasado 8 de noviembre, cuando asumió la Presidencia Luis Arce, del MAS, se evalúan mecanismos para sobreseer a quienes fueron presos injustamente un año antes en el marco del golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales (2006-2019).

 

Los casos reflejan la forma en que operaba el Órgano Judicial entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, periodo en que Áñez ocupó el sillón presidencial.

El caso del enfermero de Senkata

Un ejemplo del tratamiento de la Justicia en el Gobierno de Áñez es el del Ayben Huaranca. «Es un enfermero, el único que estuvo en la masacre de Senkata (el 19 de noviembre de 2019). Ha estado todo el día rescatando heridos, trasladando fallecidos a la iglesia. No había médicos», contó a Sputnik su abogada, Nadesdha Guevara.

Ese día, quienes estaban con él lo filmaron denunciando la masacre. También pidió la presencia en el lugar de la Cruz Roja. Su testimonio se hizo rápidamente viral. «Al día siguiente lo detuvieron por haber hecho los videos. Lo imputaron con delitos de terrorismo, sedición, instigación pública a delinquir. Lo pusieron en prisión preventiva», relató la abogada, quien además representa legalmente a otras 12 víctimas procesadas, así como a heridos de las semanas del golpe.

​A Huaranca lo acusaron de ejercicio ilegal de la medicina, aunque es licenciado en Enfermería. Luego de seis meses en la cárcel de San Pedro —donde denunció que sufrió torturas, así como la pérdida de dos muelas por los golpes recibidos— finalmente le dieron prisión domiciliaria.

 

«Hay 1.500 personas que en los momentos de las masacres [de Senkata y Sacaba, en noviembre de 2019] fueron detenidas de manera ilegal y arbitraria. La mayoría fue sometida a torturas y malos tratos. El 80% tiene prisión domiciliaria», informó la abogada, quien también es presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de Bolivia.»La mayoría de detenidos en Senkata y Sacaba [donde fueron asesinadas 28 personas] no han tenido posibilidad de acceder a una investigación material, objetiva, fáctica, que pueda demostrar sus imputaciones. A muchos de ellos, los fiscales mismos han presionado para que se sometan a procesos abreviados, es decir que acepten los delitos que les estaban imputando», sostuvo Guevara.

El caso de Facundo Molares

Otro ejemplo es el del argentino Facundo Molares, de 45 años, quien integró las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hasta 2017, cuando se realizaron los diálogos de paz en ese país, del cual se habría declarado disidente.

Según su familia, Molares llegó a Bolivia para cubrir las elecciones del 20 de octubre de 2019. Se desempeñó como fotógrafo para la revista digital Cabildo.

 

En noviembre de 2019, luego del golpe de Estado, el argentino fue identificado por el Gobierno de Áñez en un hospital de Santa Cruz de la Sierra, adonde se habría internado por una enfermedad en los riñones. Sin embargo, la versión del Gobierno de facto y la prensa boliviana relataba que Facundo había sido herido en la cabeza durante enfrentamientos entre sectores en contra y a favor del MAS, el 30 de octubre de 2019, cuando dos personas fueron asesinadas: Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas.Al exguerrillero se lo acusó por estas dos muertes. También se le endilgó el cargo de «asociación delictuosa». Desde entonces está preso. Él y su familia, en Argentina, llevan un año en un derrotero de incertidumbres y sufrimientos. Con el nuevo Gobierno, se espera que salga en libertad pronto. En las redes sociales ya se da por hecho que abandonará la cárcel.

«Los rumores que se están difundiendo por las redes son solo rumores. No hay nada concreto respecto a la libertad de Facundo», dijo a Sputnik su hermana, Soledad Molares.

Una foto que circula por Internet lo muestra en una clínica, donde se encuentra desde mediados de noviembre de este año por su pésimo estado de salud, que incluye hasta COVID-19. «Se le han sacado las esposas, por las condiciones en que se encuentra. No puede movilizarse, padece una inflamación muy importante por la acumulación de líquidos», comentó su hermana.

​»La cárcel le agravó enfermedades de base, dolencias renales. Fue mal medicado, padeció violencia psicológica, desnutrición. Sumó otras patologías debidas a la altitud de La Paz. Tiene  gran cantidad de agua en los pulmones, lo que se llama edema pulmonar», enumeró Soledad.

¿Hasta cuándo?

Este 26 de noviembre se da la audiencia para determinar si Facundo sigue tras las rejas o si ya puede regresar a Argentina, con su familia, para realizar sus tratamientos médicos indispensables. Ya el pasado sábado 22, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo en conferencia de prensa que no veía argumentos legales para tenerlo preso. Y solicitó a la Fiscalía revisar su acusación.

«Tenemos muchísimas esperanzas. Primero, por la certeza que tenemos de la inocencia de Facundo. Fue una víctima del golpe de Estado. Ahora tenemos una gran preocupación por su estado de salud, que sufrió una enorme desatención», advirtió Soledad Molares.»Se ha recrudecido su insuficiencia renal, está medicado para una afección cardiaca, para que pueda bombear sangre a su corazón. En la cárcel de Chonchocoro (La Paz) mi hermano estuvo a punto de morir», contó la hermana y agregó: «Sumado a todas estas afecciones, en el penal contrajo COVID-19«.

La vuelta de la tortilla

Para las y los 1.500 presos políticos, es inquietante que sus casos sean resueltos por los mismos jueces que dieron lugar a tantas acusaciones desmedidas, como las de «terrorismo» y «sedición». «Es momento de que todos esos jueces y fiscales que se han prestado a hacer esta persecución judicial, sin respetar la independencia de los poderes, también tengan su sanción», planteó la abogada.

«Tenemos que reconstruir el estado de derecho. Necesitamos una nueva reorientación estructural, descolonizadora y despatriarcalizadora de la justicia», añadió.

Además, se debe brindar una reparación justa a quienes fueron estigmatizados como delincuentes, entre otros apelativos, por el Gobierno de Áñez. «Debemos preservar la memoria histórica y colectiva. Los heridos, fallecidos y detenidos son la memoria de lo que ha pasado», dijo Guevara.En la ciudad de Esquel, en el sur de Argentina, Soledad Molares espera tener pronto entre sus brazos a su hermano. Comentó que entre los presos políticos, muchísimos son comunicadores populares, cuyo delito fue contar lo que sucedía en redes sociales, o en el espacio que fuera posible. «Esperemos que sean liberados rápido, porque ya pasó un mes desde que se recuperó la democracia«, expresó.