Fue aprehendido el martes, luego de prestar declaraciones informativas en la Fiscalía de Sacaba, en Cochabamba. En sus declaraciones aseguró que durante los conflictos de noviembre de 2019 cumplía funciones administrativas y que era el quinto hombre en la cadena de mando.
Está acusado por el delito de asesinato. La Justicia le concedió detención domiciliaria, deberá acudir a firmar el registro de la Fiscalía dos veces a la semana, está prohibido de comunicarse con testigos y concurrir a determinados lugares.
Las víctimas de Sacaba hacían una vigilia en puertas de los juzgados a la espera de la decisión judicial. Durante los conflictos perdieron la vida ocho personas por impactos de bala, en medio de la intervención policial-militar a una marcha de cocaleros que intentaba ingresar a la ciudad de Cochabamba en apoyo a Evo Morales, que ya había renunciado.
Se resolvieron varios incidentes procesales antes de dar inicio a la audiencia cautelar que fue seguida por un grupo números de familiares de las víctimas, que posteriormente expresaron su rechazo a la decisión judicial.
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Un día antes, el miércoles, junto a su Alto Mando, el comandante de las Fuerzas A
Víctimas rechazan fallo de juez; piden cárcel y justicia por las muertes
Familiares de víctimas de Huayllani piden justicia por las muertes. Noé Portugal
DIARIO OPINION.- “Me han quitado a mi único hijo varón. No lo voy a volver a ver nunca más con vida y solo pido justicia. A mí me fracturaron el brazo y a mi hijo lo mataron, y él dejó una niña huérfana”, manifestó la madre de Omar Calle, un joven que falleció durante los enfrentamientos en Huayllani, la tarde del 15 de noviembre de 2019.
Los familiares de las víctimas se movilizaron al tomar conocimiento de la resolución del juez que dictó detención domiciliaria sin derecho al trabajo para el general Alfredo Cuéllar, ayer cerca de las 16:30. Ese grupo quiso impedir que la autoridad sea trasladada a su domicilio y lanzaron piedras y botellas plásticas a los efectivos policiales, quienes tuvieron que usar gas pimienta para dispersarlos y controlar la situación.
La jornada estuvo marcada por protestas en favor y en contra del imputado, y hechos violentos que tuvieron que ser controlados por los uniformados.
“General Alfredo Cuéllar, inocente”, “investiguen a los verdaderos asesinos”, “el pueblo está contigo”, decían algunos de los carteles que sostenían familiares y cercanos al jefe militar, como muestra de su apoyo, en puertas del Juzgado de Sacaba.
“Mi esposo es inocente. No había instrucción y no se usó armas letales. No sé de dónde sacan eso y lo tipifican como si él fuera el asesino de las víctimas y solo obedecía una cadena de mando. También pedimos justicia y que se maneje con imparcialidad. Mi esposo es inocente y se presentó a la primera citación como digno soldado de la patria, porque el que nada hace nada teme”, dijo la esposa del General, tras que iniciara la audiencia de medidas cautelares.
Cerca de ellos, se encontraban familiares de las víctimas de Huayllani, quienes pedían cárcel para el imputado por las 12 muertes del sector cocalero. Los grupos estaban divididos por la presencia de unos 10 policías que formaron una fila para evitar enfrentamientos.
Sin embargo, se desató la violencia casi al mediodía. Mujeres, de ambos grupos, se empujaban y jaloneaban. Se observó a personas que acompañaban la movilización de los afectados de Huayllani lanzar botellas y tierra, que sacaron de la jardinera de ese lugar, que afectaron a los efectivos policiales.
Finalmente, los familiares y cercanos al General tuvieron que alejarse de la zona, y aguardar los resultados de la audiencia desde otros espacios. Cuéllar es el único que ha sido aprehendido, imputado y puesto ante un juez cautelar a un año de las muertes, aunque la Fiscalía informó hace dos días que la investigación se amplió a otras cinco personas; dos exministros (Arturo Murillo y Luis Fernando López), dos jefes policiales y un militar. También prestará su declaración informativa el excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita, quien pidió reprogramar ese actuado debido a que se recupera de una intervención quirúrgica.
rmadas, general Jaime Zabala, calificó a nombre de su institución de “desconcertante” la aprehensión del general Cuéllar, por la violencia y muerte de 2019 en Sacaba, y aseguró que no actúan “de forma arbitraria”, sino “cumpliendo acciones de mando dispuestas por el Capitán General de las FFAA”.
“Como fieles cumplidores de la ley estaremos a la espera de los resultados finales de las investigaciones que se están efectuando”, afirmó Zabala e hizo uso de una frase para mostrar que ahora los militares son procesados luego de ser llamados para restablecer el orden: “Cuando los conflictos son inminentes invocamos a Dios y llamamos al soldado, cuando el conflicto pasó olvidamos a Dios y buscamos al soldado”.
Víctimas de Huayllani se reunirán con la CIDH este sábado en el Trópico
Familiares de víctimas de personas que perdieron la vida el 15 de noviembre de 2019 en los enfrentamientos en el sector de Huayllani, en Sacaba, serán escuchados este sábado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Noemí Choque, esposa de Roberto Sejas, una de las víctimas que perdió la vida en esos hechos violentos en Sacaba, Cochabamba, estuvo hoy en las protestas exigiendo justicia en puertas de la Fiscalía de Sacaba donde se desarrolló la audiencia del general Alfredo Cuéllar, comandante de la guarnición militar de Cochabamba imputado por asesinato.
Noemí fue también entrevistada en Buena Noche de OPINIÓN y contó que el encuentro será en la población de Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, a las 13:00 horas.
Relató que su esposo murió con un disparo en la cabeza y dejó huérfano a un niño de tres años y sin la protección a su hermano menor de 13 años que vive con ellos.
Recordó que ellos viven en el Chapare y que ese día su pareja asistió a la marcha en la ciudad de Cochabamba. “Era marcha era pacífica. Le llamé a su celular y me dijo que estaban gasificando, que después me llamaría. Fue lo último que me dijo. Luego contestó su celular otra persona y me avisó lo que pasó”.
Noemí tardó en llegar unas horas hasta la ciudad debido a los bloqueos. “Llegué a las 12 del mediodía del 16 de noviembre y mi marido siguió vivo hasta las 10 de la mañana hospitalizado en el Viedma”.
Dijo que de todos los hechos de violencia son culpables la Policía y la expresidenta Jeanine Áñez del gobierno transitorio. El enfrentamiento sucedió entre grupos afines al Movimiento Al Socialismo, MAS, y fuerzas del orden. Los cocaleros salieron del Trópico de Cochabamba rumbo a la ciudad para protestar tras la renuncia del expresidente Evo Morales, su líder, sobre quién pesaba la sospecha de fraude electoral en los comicios del 20 de octubre de 2019 y luego de desatarse una convulsión social.
Policías y militares impidieron el ingreso de los movimientos sociales en Huayllani, a 12 kilómetros de la ciudad, lugar donde ocurrió la muerte de 12 personas.
Una comisión de la CIDH está en Bolivia para investigar esos sucesos y se reúne con los protagonistas y sobrevivientes.
Noemí dijo que quiere justicia y que rechazó el pago de 50 mil bolivianos que el anterior gobierno dio a los familiares de las víctimas.”Dice que esa cantidad les han dado en Senkata, en El Alto de La Paz, pero nosotros queremos que nos pague un sueldo cada mes”.
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