OXIGENO.- La Defensoría del Pueblo responsabilizó al Ministerio Público por permitir que las ‘masacres’ de Senkata, Sacaba y los asesinatos de lesa humanidad ocurridos durante el conflicto postelectoral de 2019 permanezcan en la impunidad y, que a un año de lo ocurrido, la investigación se encuentre en fase preliminar y no se tenga personas imputadas, menos sancionadas, privando a las víctimas y a sus familias del acceso a la justicia.
“A un año de la masacres de Senkata y Sacaba, de las muertes registradas en la zona sur de La Paz, en Betanzos, en Montero y en el norte integrado cruceño, estos hechos se mantienen impunes porque el Ministerio Público hasta la fecha no ha hecho nada porque las investigaciones avancen” cuestionó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.
La autoridad defensorial, al igual que lo hizo días atrás en Sacaba, este jueves participó del acto en el que se recordó un año de la masacre de Senkata, en El Alto, donde el 19 de noviembre de 2019, diez personas perdieron la vida como resultado de la intervención conjunta de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas que fueron ordenadas por el Gobierno Transitorio amparado en el Decreto Supremo 4078.
“Considerando que el Ministerio Público no ha imputado a nadie, no ha permitido a las víctimas acceder a la justicia y ha permitido que se mantenga esta impunidad tras un año de lo ocurrido en el país el año pasado, la tarea fundamental de hoy es unirnos para buscar que se haga justicia”, manifestó.
La Defensoría del Pueblo, reiteradamente, reclamó al Ministerio Público, no sólo por las muertes y asesinatos ocurridos, sino por todas las afectaciones contra particulares, el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas, por la quema de casas y de los buses Pumakatari, ya que sin importar quién sea el responsable, ni el Gobierno que haya estado entonces, tiene que hacerse un proceso de rendición de cuentas y eso era y es responsabilidad del Fiscal General.
Cruz dijo que la llegada al país de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), que investigará todos los hechos entre septiembre y diciembre de 2019, abre la esperanza para que las víctimas y sus familiares puedan lograr el acceso a la justicia y que la población, finalmente, conozca lo que ocurrió entonces.
