Juez ordena detención domiciliaria para abogado Jorge Valda por un caso del 2018

ERBOL.- El fiscal anticorrupción de La Paz César Choquehuanca rechazó este domingo actitudes de persecución judicial o política en contra del abogado Jorge Valda Daza y justificó la orden de aprehensión en los elementos suficientes sobre legitimación de ganancias ilícitas.

Explicó que el Ministerio Público inició una investigación de oficio en base a un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) sobre movimientos bancarios sospechosos en el año 2017.

Precisó que se ha detectado compra de bienes inmuebles, vehículos de los cuales la UIF no habría encontrado justificativo de éstos “movimientos que son cuantiosos”, lo que dio suficientes elementos para configurar un cuadro de legitimación de ganancias.

La apertura del proceso se inició el 2018 y durante este tiempo la investigación se ha realizado en el marco de la objetividad y ha concluido con la emisión de una orden de aprehensión.

La autoridad afirmó que el pasado 5 de noviembre ordenó la detención que surtió efecto el día sábado con la cooperación del distrito de Santa Cruz, sin que se haya enterado sobre la Acción de Libertad que interpuso el aprehendido.

Choquehuanca manifestó que recién hoy (domingo) en horas de la mañana fue notificado con la audiencia de Acción de Libertad, pero él ha solicitado a la gestora judicial se le notifique con el memorial que ha presentado Jorge Valda.

El fiscal dijo que desconoce la disposición de la justicia cruceña sobre la prohibición de trasladar a La Paz mientras se conozca el resultado de la Acción de Libertad que fue programada para las 9:30 de este domingo.

Entre tanto Valda permanece detenido en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz. Estando aprehendido, asumió su defensa material y técnica.

El fiscal no dio detalles de los descargos presentados mientras se define su situación legal. Tampoco existe fecha de la audiencia cautelar en La Paz, donde los familiares asegura que Jorge Valda es víctima de aprehensión ilegal.

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EL DEBER.- Ximena Palacios, juez 4to de instrucción en lo penal, dispuso que el abogado del Comité pro Santa Cruz, Jorge Valda, guarde detención domiciliaria en la ciudad de La Paz, una fianza de Bs 100.000, marcado del biométrico en la Fiscalía una vez por semana y arraigo migratorio. Pero también señaló que el imputado debe asistir a la audiencia de acción de libertad que está pendiente en la ciudad de Santa Cruz, informó la abogada, Paola Barriga.

“Está autorizado a viajar, la juez ha dispuesto que sea trasladado, aunque me parece que no podrá ser mañana por los trámites que se deben realizar. Se ha solicitado que hoy mismo se activen los documentos para la detención domiciliaria y Jorge Valda estaría en su domicilio hoy”, dijo la abogada defensora.

Tres horas duró la audiencia cautelar, los tres abogados del acusado intentaron desvirtuar todas las acusaciones de la Fiscalía y recordaron que el mismo fiscal, César Choquehuanca emitió una resolución de rechazo de este caso, en abril de este año, pero inexplicablemente fue reactivado en el mes de septiembre.

Los riesgos

Según los fiscales, Valda tiene facilidad para abandonar el país, respalda sus afirmaciones en un informe de la Dirección Nacional de Migración que reportó tres viajes del abogado acusado entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 a Paraguay, Argentina y Colombia. Según los fiscales este reporte indica que el abogado no tiene arraigo natural.

Asimismo, Choquehuanca cree que el acusado no tiene la voluntad de someterse al caso porque visitó el portal digital del Sistema Judicial para hacer seguimiento de su caso y nunca se presentó a declarar.

Sobre el riesgo de obstaculización, el fiscal César Choquehuanca dijo que existen muchos actos investigativos para establecer la culpabilidad del acusado, en el sistema bancario, Derechos Reales y Tránsito para investigar el dinero y los bienes que posee. Por tanto, considera que Valda puede interferir.

En la mañana de este domingo, el fiscal Choquehuanca no informó de la cantidad de bienes y el dinero que descubrió el informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), pero dijo que hubo transacciones que no condicen con la actividad del acusado.

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