En junio último, el doctor José Ignacio Quisbert, del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, al sur de La Paz, aseguró que Hermosa, presentó un diagnóstico de embarazo descartado y requería atención cuidadosa, la cual le fue negada por las autoridades de facto.
Este hecho se suma a muchos otros perpetrados por el gobierno golpista en el contexto de la persecución política desatada contra miembros del Movimiento al Socialismo (MAS).
Hermosa, abogada y exfuncionaria de Estado, padeció el encierro sin condena y estuvo privada del acceso a la defensa y la salud.
En una entrevista en marzo pasado con el diario argentino Marcha, aseguró que ‘este es un mal sueño’, al referirse a su situación en la cárcel donde permanecían mayormente indígenas detenidas por el régimen de facto.
Le contó a ese medio que aborda temas relacionados con la lucha de las mujeres por sus derechos en la región, que la fiscalía le ofreció un juicio abreviado a cambio de que se declara culpable y aceptara uno de los mayores delitos para acceder a la prisión domiciliaria.
‘Ellos tienen otro fin, quieren que diga que mi jefe (Evo Morales) hizo terrorismo’, expresó Hermosa.
Este caso fue denunciado por diversas voces, grupos defensores de derechos humanos y de las mujeres en general.
Se hizo justicia, aseguró Morales por medio de su cuenta en Twitter, quien regresa hoy a Bolivia desde Argentina, donde estuvo en condición de refugiado político tras el golpe de Estado en su contra del 10 de noviembre del pasado año.
