Luego de una pausa en la consideración del informe dispuesta por una jueza de Trinidad, Luz Acebey Arispe, en atención a un recurso de medidas cautelares interpuesto por Rodrigo Guzmán, entonces ministro de Energías, los dos tercios del Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobaron el documento al comenzar la noche.
Especialmente en Sacaba (puente Huayllani), el 15 de noviembre, y Senkata, cuatro días después, el gobierno naciente de Áñez dispuso el operativo militar-policial para intentar aplacar las movilizaciones al amparo del ahora abrogado Decreto Supremo 4078, del 14 de noviembre, que otorgaba impunidad a los efectivos combinados en casos de procesos penales.
Una veintena de fallecidos resultó de ambas intervenciones. La Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa, con base en informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), estableció que en ambas protestas las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana usaron armas de reglamento, que causaron las muertes.
Entonces, los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, negaron que los efectivos hubieran usado armas letales. Murillo dijo que los movilizados se mataron entre sí y López afirmó que las Fuerzas Armadas no dispararon ni un solo proyectil.
Además, el informe —según reveló a La Razón el titular de la comisión, Víctor Borda— no encontró evidencias de que en Senkata los movilizados hayan intentado atentar contra la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Dijo que el Ministerio de Hidrocarburos, con base en informes de Inteligencia, certificó que no hubo esos extremos.
Ahora, el Ministerio Público deberá continuar con los procesos a estas autoridades y exautoridades (Áñez, bajo juicio de responsabilidades, y otros, juicios ordinarios):
Jeanine Áñez, presidenta transitoria: por los delitos de resoluciones a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes (por la emisión del Decreto 4078, contrario a la Constitución y el bloque constitucional, genocidio, asesinato en grado de tentativa, lesión seguida de muerte y desaparición forzada de personas, por los hechos luctuosos de Huayllani y Senkata.
Gabinete que firmó el Decreto Supremo 4078: Áñez, Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Luis Fernando López, José Luis Parada, Álvaro Rodrigo Guzmán, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, María Elva Pinckert, Mauricio Ordoñez y Roxana Lizárraga por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y la emisión del decreto contrario a la Constitución y el bloque constitucional.
Arturo Murillo y Luis Fernando López, ministros de Gobierno y de Defensa: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por los sucesos de Huayllani y Senkata.
Jaime Zurita, comandante de la Policía de Cochabamba, y Alfredo Cuéllar, comandante de la Guarnición Militar de Cochabamba: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, lesiones graves, lesión seguida de muerte y desaparición forzada de personas, Huayllani y Senkata.
Iván Rojas, comandante de la Policía de La Paz, y Franco Suárez, comandante de Acción Conjunta: genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa, privación de libertad y desaparición forzada de personas, por la masacre de Senkata.
Williams Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas: asesinato, por haber autorizada la salida de militares en los hechos de Ovejuyo, zona Sur de La Paz, y Betanzos, Potosí.
Rodolfo Montero, comandante de la Policía Boliviana, y Sergio Orellana, comandante de las Fuerzas Armadas: nombrados por el régimen de Áñez respectivamente un día antes de los sucesos de Huayallani y el 10 de noviembre, antes de Huayllani y Senkata.
Además, la Asamblea Legislativa recomienda la destitución de la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, “porque
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