El presidente de la comisión legislativa, el diputado Víctor Borda (MAS), explicó que se dejará a la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional impulsar los procesos correspondientes.
Durante las trágicas jornadas de noviembre de 2019 perdieron la vida 20 personas por impactos de bala en Sacaba, Cochabamba, y Senkata, El Alto. En ambos hechos actuaron fuerzas combinadas de la Policía y de las Fuerzas Armadas, amparadas en un decreto que eximía de responsabilidad penal por los hechos que deriven de las operaciones para restablecer el orden.
Justamente por ese decreto 4078 se sugirió un juicio de responsabilidades contra Áñez por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes. Ante la presión nacional e internacional, esa norma fue anulada. Por este mismo caso se planteó un juicio penal contra los ministros que lo firmaron.
Asimismo, según Borda, se sugirió otro juicio de responsabilidades contra Áñez por los delitos de genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, asociación delictuosa y resoluciones contrarias a la Constitución “por las muertes y la masacre ocurrida en El Alto y Sacaba”.
Paralelamente se propuso un juicio ordinario contra los ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López, por genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves y gravísimas, lesiones seguidas de muerte, asociación delictuosa y “otros delitos por las masacres de Sacaba y Senkata”, detalló.
También figuran en la lista el excomandante de la Policía Yuri Calderón y de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman, por genocidio, asesinato, tentativa de asesinato, lesiones graves, torturas, vejámenes, asociación delictuosa. Además, están el excomandante de la Policía de Cochabamba Jaime Zurita y el general Franco Suárez. comandante de la división militar en El Alto.
“De la misma manera se ha decidido un juicio contra el general Rodolfo Montero (actual comandante de la Policía) y el general Sergio Orellana (actual comandante de las FFAA)”, explicó Borda.
Una vez aprobado el informe en el plenario, deberá ser remitido a la Fiscalía para la investigación respectiva. De corroborarse indicios de delitos, el procedimiento establece la solicitud de un juicio de responsabilidades contra Áñez y el inicio de procesos penales contra las (ex)autoridades.
La comisión legislativa inició una investigación que incluyó el recojo de testimonios y la toma de declaraciones como al fiscal General, Juan Lanchipa. Los ministros Murillo y López no acudieron a declarar. Lanchipa dijo que los militares se niegan a dar informes de su actuación en esas jornadas bajo el argumento de que es un secreto.
Borda indicó que informes e incluso declaraciones de comandantes confirman que se usó armamento oficial de la Policía y las Fuerzas Armadas en las «masacres» de Sacaba y Senkata, y que los impactos de bala por los que murieron 20 personas provinieron de estas armas.
Añez dice que el MAS recupera la costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto
LA RAZON.- La presidenta Jeanine Áñez aseguró que el Movimiento Al Socialismo (MAS) “recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto”, aunque sin hacer referencia directa a la recomendación de una comisión legislativa de iniciarle un juicio de responsabilidades por la violencia y muerte en Sacaba y Senkata.
“El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no sólo es el gobierno de la mayoría. Además, es el gobierno ajustado a ley y es el gobierno que respeta la libertad”, escribió en su cuenta en Twitter.
Este lunes, una comisión legislativa sugirió un juicio de responsabilidades contra Áñez por las muertes en Sacaba y Senkata, ocurridos en noviembre de 2019, tras la dimisión de Evo Morales en medio de las denuncias de un fraude electoral, un motín policial, un paro cívico y la sugerencia militar de renuncia.
La presidenta del Senado, Eva Copa, también anunció juicio de responsabilidad por los delitos de desacato a la Constitución por la no destitución de ministros tras su censura, por la no publicación de leyes promulgadas por la Asamblea en la Gaceta del Estado y por daño económico al Estado.
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