Los operativos se activaron tras la renuncia del presidente Evo Morales, el 10 de noviembre, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial, la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión y un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que apoyó el discurso del fraude en los comicios del 20 de octubre del año pasado.
El 15 de noviembre, en Sacaba, el operativo conjunto de policías y militares dejó 10 fallecidos al reprimir a una movilización que intentaba llegar a la ciudad de Cochabamba, todo bajo el paraguas de un decreto presidencial que eximía de responsabilidades penales a los efectivos. Cuatro jornadas después, otro operativo en Senkata (El Alto) dejó otra decena de muertes.
En marzo, la Asamblea Legislativa aprobó una resolución para la conformación de una comisión de investigación de estos hechos. “Según datos del Ministerio Público hay 31 personas que perdieron la vida en esta etapa, hemos verificado que existen 37 víctimas, de las cuales 27 fallecieron por impacto de bala”, explicó Borda a La Razón.
Borda, del Movimiento Al Socialismo (MAS), es presidente de esa comisión. Afirmó que hay documentos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y testimonios que fundamentan ello, rebatiendo a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, quienes negaron que los uniformados usaran armas de reglamento en los operativos, incluso Murillo planteó que las balas provinieron de los movilizados.
“Tenemos que los 10 fallecidos en Senkata son por impacto de arma de fuego; 10 en Sacaba también por arma de fuego; una persona en Betanzos (Potosí) y tres en Ovejuyo (La Paz), por arma de fuego, y tres en Montero (Santa Cruz) también por arma de fuego corta, pistola”, añadió.
Según el legislador, el informe de balística que recibió la comisión determinó que los fallecidos fueron alcanzados por proyectiles letales cuyo armamento es de uso exclusivo de las FFAA y la Policía.
“Se ha verificado que el calibre de 5,5 milímetros es un armamento moderno que pertenece a las Fuerzas Armadas, es un armamento liviano que no se ha dotado a las tropas sino a oficiales. El calibre de 7,62 milímetros es un arma automática que usan exclusivamente las Fuerzas Armadas y el calibre 22 es armamento que es dotación de la Policía”, remarcó.
El ministro López, aseveró que “en noviembre, en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”.
Mientras que Murillo indicó que “la mayoría de los muertos son con bala en la nuca, en la espalda, en el costado. Yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado (para) que se dé la vueltita para entrarte por la nuca; no conozco. En un enfrentamiento, los tiros son en el pecho, en la cara; son de frente”.
Borda rebatió esa hipótesis. “No hemos recibido ningún certificado médico forense de algún policía o militar que hubiera sido herido. Hemos recibido aproximadamente 150 declaraciones y tampoco se evidenció ese extremo que afirmó (Murillo)”.
En siete meses de trabajo, los legisladores recibieron varios informes, incluidos del IDIF y la Fiscalía, y visitaron Sacaba y Senkata. “Se han utilizado todos los procedimientos establecidos por ley, se ha convocado a varios comandantes departamentales de la Policía y hemos tenido declaraciones valiosas de comandantes del Ejército que nos han orientado sobre este tema (el armamento)”.
El informe está en la fase conclusiva y será presentado el lunes ante el plenario del Legislativo para su revisión y aprobación, tal como anunció a este medio la presidenta de la Asamblea Legislativa y del Senado, Eva Copa (MAS). Borda no quiso adelantar sobre los responsables materiales e intelectuales de estos hechos, y dijo que esto se definirá el lunes.
Debe estar conectado para enviar un comentario.