Piden que Añez, Murillo y López sean llevados a la Corte Penal por masacres

PRENSA SENADO BOLIVIA.- A once meses de la masacre de Huayllani, familiares de fallecidos y heridos de la represión policial y militar de noviembre de 2019, entregaron a la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, un compendio de documentos para sustentar una demanda internacional en la Corte Penal Internacional (CPI) por genocidio y delitos de lesa humanidad contra las autoridades del Gobierno transitorio de Jeanine Añez.

 A tiempo de recepcionar la documentación, la presidenta de la ALP manifestó “tengo fe que estas instancias internacionales van a hacer que nosotros encontremos justicia, sino hay justicia terrenal, hay justicia divina, pero tenemos que agotar instancias, y vamos a acudir a las instancias internacionales que sean posibles, vamos a ir y seguir denunciando”.

Según detalló el abogado de los familiares de las víctimas de la masacre de Huayllani, Ricardo Lecler, la documentación entregada a la ALP para remitirla como demanda ante la CPI, responde a la nota que el Gobierno interino de Añez envió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras conocer el informe preliminar emitido por esa instancia internacional en la que recomienda una investigación internacional independiente sobre los hechos ocurridos en Huayllani.

 “Lo que entregamos a la Asamblea fue en base a la nota que el Gobierno transitorio envía a la CIDH manifestando que como Estado se someten a cualquier investigación sobre los hechos suscitados en noviembre, entonces en ese marco, el artículo 158 de la Constitución Política del Estado indica que la Asamblea tendría que fiscalizar al Órgano Ejecutivo (…) Esta demanda es para que sea remitida a la CPI que de acuerdo al procedimiento que ellos tienen convocarán a los involucrados”, sostuvo.

Gerardo Puma, delegado de los familiares de las víctimas de la masacre en Huayllani, detalló que el documento de 55 páginas entregado a la presidenta de la ALP contiene la cronología de los hechos ocurridos hace once meses atrás, incluido transcripciones de las declaraciones del Ministro de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López, además de videos y notas de prensa sobre los hechos suscitados.

“Tenemos 85 pruebas entre videos y notas de prensa, son pruebas fehacientes de lo que pasó en Huayllani y están legalizados por la Fiscalía de Sacaba, si alguna organización o el gobierno duda de nuestras pruebas puede recurrir a la Fiscalía de Sacaba para comprobar que son ciertas y contundentes”, señaló.

La demanda ante la CPI incluiría los delitos de genocidio y delitos de lesa humanidad en contra de Jeanine Añez, Arturo Murillo, Fernando López, el Alto Mando militar, Alto Mando policial, el Comandante de la policía de ese entonces de Cochabamba, Comandante regional militar y contra algunas personas particulares, informó Lecler.

La presidenta Copa rememoró que “un día como hoy nuestros hermanos fueron vilmente masacrados, muchos quedaron huérfanos, viudas y el dolor es latente, El Alto también sufrió, Senkata sigue de luto porque no encontramos justicia (…) yo siento el dolor que sienten ustedes, porque siempre es la gente más humilde la que sufre en estos casos”, sostuvo.

En el informe preliminar de la CIDH se reportó al menos 18 muertes por el uso desmedido de la fuerza en un operativo conjunto entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas en Huayllani y Senkata, el 15 y 19 de noviembre de 2019 respectivamente. Asimismo, observan la emisión del Decreto Supremo No. 4078 para «eximir de responsabilidad penal» a los militares que hubieran participado en acciones de orden interno.

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