En declaración a La Razón, el diputado Víctor Borda, del Movimiento Al Socialismo (MAS), afirmó que la censura implica la destitución inmediata del funcionario.
“La Constitución nos faculta a que cuando un ministro no emite un informe satisfactorio o no asiste justificadamente a la sesión, se lo censura; no olvidemos que esto implica la destitución del cargo”, explicó.
Ya había ocurrido un caso similar con otro ministro, Luis Fernando López, en marzo. No asistió a la interpelación por los casos de las masacres de Sacaba y Senkata; la Asamblea Legislativa lo censuró y Áñez lo destituyó y reasignó luego.
Al respecto, Borda recordó que la Asamblea Legislativa ya promulgó una ley que prohíbe dicha re-designación. “La Asamblea ya ha tomado esta previsión (de la redesignación), pues no se puede vulnerar la Constitución, y ha aprobado una ley complementaria a la de censura, en la cual se determina que el ministro censurado no podrá ser nuevamente posesionado como ministro durante todo el periodo de la gestión gubernamental”, destacó el legislador.
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Ahora, con esto se abre un nuevo conflicto jurídico con el Gobierno, afirmó la diputada Lourdes Millares, de Unidad Demócrata (UD).
En declaración a La Razón, Millares confirmó que esta ley complementaria de la censura dispone que una vez destituido el ministro a raíz de censura en la Asamblea Legislativa, “no puede volver a asumir un cargo en la función pública los siguientes tres años”.
En opinión de Millares, esta norma no es constitucional porque afecta tanto el derecho al trabajo como el de ser elegido o elegida como autoridad.
Al margen de eso, sin embargo, la presidenta en ejercicio de la Asamblea Legislativa, la senadora Eva Copa (MAS), promulgó la referida ley complementaria de la censura, de modo que está vigente.
La legisladora dijo que Áñez tiene la obligación de destituir a Murillo, del que dijo que mandó una carta en la que es excusaba de la interpelación por motivos oficiales.
Sin embargo, sucede que una vez enviada esta ley al Órgano Ejecutivo, el Ministerio de la Presidencia, del cual depende la Gaceta Oficial, no la publicó hasta ahora, señala la diputada Millares.
“Esta ley ha sido promulgada por Eva Copa, y el ministro de la Presidencia, que tiene bajo su dependencia la Gaceta Oficial del Estado, no ha publicado la ley que regula la censura; por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente legal, ésta es una ley que no está vigente”; no ha cumplido todas la fases para ser obligatoria, destacó Millares.
Se abre, pues, un nuevo conflicto entre el Gobierno y el Órgano Legislativo porque el MAS, prevé la legisladora, seguramente alista un juicio de responsabilidades a la presidenta Áñez por no aplicar la ley o no publicarlas, como corresponde.
Lo que ocurrirá ahora, afirmó Millares, es que la Asamblea Legislativa notificará su resolución al Órgano Ejecutivo. Y lo más probable es que Áñez vuelva a designar a Murillo en el cargo.
También es previsible que el MAS inicie una acción jurídica contra el Ministerio de la Presidencia por la no publicación de las normas que envía el Órgano Legislativo.
