Por Baldwin Montero / Página Siete.- El Procurador General del Estado Alberto Morales exigió ayer a la Fiscalía incorporar a los dirigentes del Movimiento Al Socialismo (MAS) en las investigaciones sobre el caso de fraude electoral ocurrido en 2019, sobre la base del informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) que llegó a esa conclusión.
Luis Fernando Atanasio, miembro de la Comisión de Fiscales que investiga el caso, respondió que esto no es posible porque ese documento no es conclusivo para la justicia, que tiene la obligación de realizar investigaciones para corroborar lo que en él se afirma.
“El informe de la OEA es un informe. ¿Eso qué implica? Que simplemente han recopilado información, datos que a ellos les han permitido identificar algunas irregularidades. Pero si bastara un informe para que nosotros podamos atribuir responsabilidades a alguien, creo que sería muy apresurado”, afirmó en respuesta al Procurador.
Morales recordó que se trata de un informe que el Gobierno se comprometió a reconocer como vinculante en un acuerdo suscrito con ese organismo internacional, por lo que consideró que es suficiente para activar procesos, más cuando, en su criterio, hasta la fecha ya ha quedado al descubierto “cómo el Estado se ha convertido en una organización criminal para favorecer a un grupo organizado de poder”.
“El jefe de ese grupo organizado de poder era, además, el beneficiario del resultado del fraude electoral. Todos los demás participantes del fraude eran, o sujetos necesarios o fusibles, pero la unidad de pensamiento, la unidad de mando para que haya fraude la tenía el jefe de Estado, jefe de partido, jefe de federaciones, candidato y beneficiario del resultado del fraude”, complementó el Procurador, en alusión a Evo Morales, expresidente y jefe del MAS.
El informe, denominado de “Análisis de Integridad Electoral de las Elecciones Generales de Bolivia del 20 de octubre”, fue entregado al Gobierno el 4 de diciembre de 2019 y concluye, entre otras cosas, que hubo “manipulación dolosa” e “irregularidades graves” en el proceso, como la adulteración de actas, la interrupción del conteo en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y el uso de un servidor externo que no fue reportado.
Según Atanasio, esas conclusiones no son suficientes para que el Ministerio Público abra procesos contra otras personas.
Dijo además que el documento de la OEA “lo único que identifica son irregularidades en relación a eventos que se hubiesen suscitado el día de las elecciones” y luego complementó: “una investigación es mucho más compleja y mucho más precisa”.
Morales recordó que si bien hubo un informe preliminar de la OEA que detectó irregularidades, el de conclusiones las confirmó mediante pericias informáticas y opiniones de expertos en procesos electorales.
Atanasio, al ofrecer un informe de las diligencias judiciales realizadas durante el lunes y martes en este caso, explicó que ciertamente se pudo establecer que el 20 de octubre fue descubierto un servidor que no estaba autorizado y que justamente fue motivo de una discusión que acabó con la orden de apagar el TREP.
Precisó que ese servidor no es un equipo físico, sino que se encuentra en la nube y que podía ser administrado desde cualquier parte del mundo.
Explicó que el servidor fue descubierto cuando el mismo día de la elección se detectó un flujo anormal de solicitudes de validación de reportes que comenzaron a llegar al centro informático del Tribunal Electoral. Dijo que llegaron hasta 30.000 por minuto, lo que hizo que, luego de una discusión, uno de los vocales instruya apagar el TREP.
Informe de la OEA
- Actas Se detectó “manipulación dolosa” de las actas electorales e irregularidades en el procesamiento de los resultados.
- Servidor Se detectó el redireccionamiento de datos a dos servidores ocultos y no controlados por el TSE.
- Pérdidas El organismo concluyó también en su informe “irregularidades graves, tales como la falta de resguardo de las actas y la pérdida de material sensible”.
- Parcialidad “Los vocales del TSE, quienes debían velar por la legalidad e integridad del proceso, permitieron que se desviara el flujo de información hacia servidores externos”, señala el informe.
Embajada rechaza que mexicanos hayan operado en el fraude
Un grupo de 13 ciudadanos mexicanos, entre políticos y expertos informáticos, operó junto con el entonces ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, en el fraude electoral del 20 de octubre de 2019, denunció ayer en la mañana el procurador general del Estado Alberto Morales. En la tarde, mediante un comunicado, la Embajada de México rechazó esas acusaciones y demandó a los políticos bolivianos abstenerse de meter a su país en la campaña electoral.
Morales dijo que se tiene información suficiente para sostener que los mexicanos trabajaron de cerca con Quintana y que algunos tenían cargos electos y administrativos en su país, “todos del denominado Grupo de Puebla”, una foro político y académico de izquierda. Agregó que el jefe de gabinete del exministro “los acompañó en todo momento”.
“La embajada reitera el apego del Gobierno de México a sus principios constitucionales de política exterior, en particular la no intervención en asuntos internos, y hace un atento llamado a los actores políticos de abstenerse de involucrar a México en actuales campañas políticas”, respondió la delegación diplomática mexicana mediante un comunicado público.
Según el Procurador, los mexicanos que tuvieron contacto directo con el exministro de la Presidencia “han manipulado datos, han instalado un servidor externo al del Tribunal Electoral y, a partir de ese servidor externo, gente extranjera ha violado la soberanía del voto popular”.
En su comunicado, la Embajada de México explica que las personas que llegaron a Bolivia en esa fecha fueron invitadas para hacer seguimiento del proceso electoral, tal como ocurrió con actores de otros países.
Precisa que se trata de funcionarios del Instituto Nacional Electoral, además de representantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y diputados del denominado grupo de Amistad Parlamentaria. Según el Procurador, los 13 mexicanos trabajaron directamente en labores vinculadas al fraude.
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