ESTRELLA DEL ORIENTE.- La Asamblea Legislativa aprobó este martes el informe de la comisión mixta que investigó la compra de respiradores chinos y españoles durante la etapa más crítica de la pandemia e involucró a la presidenta Jeanine Áñez y cuatro ministros en posibles irregularidades que serán derivadas a la Contraloría General del Estado y al ministerio Público para la continuidad de las investigaciones.
El extenso informe contiene 204 páginas y está titulado “Campaña política, corrupción y negociado con la pandemia del coronavirus COVID-19” y sustenta su afirmación en sentido que “la concreción del millonario negociado” en la compra de los 170 respiradores españoles “tenía la finalidad de obtener fondos para la campaña política de Jeanine Áñez”.
Sugiere que tanto la Contraloría como la Fiscalía investiguen la compra de respiradores españoles, además de Áñez, a la canciller Karen Longaric, al exministro de Salud Marcelo Navajas y por la adquisición de los ventila-dores chinos al exministro Aníbal Cruz y al ministro de Obras Públicas, Iván Arias Durán. Asegura que en la operación con los españoles participaron varios funcionarios administrativos; pero focaliza el direccionamiento dispuesto por Marcelo Navajas para que a través de la AISEM se es-coja a la IME Consulting Global Service S.L. para la compra de 170 respirado-res, ocasionando inicial-mente un daño económico de $us 2.028,780.
El informe señala que existen suficientes indicios que muestran que el direccionamiento de la firma del contrato fue encaminado desde el Órgano Ejecutivo, es decir, la presidenta transitoria Jeanine Áñez y sus ministros. Sostiene que por esas razones se impone que el ministerio Público pro-siga la investigación para determinar responsabilidades de Áñez, Longaric quien proporcionó el contacto telefónico del Cónsul de Bolivia en Barcelona para que este funcionario realice verificaciones y tenga participación activa, y del Embajador de Ciencia y Tecnología Mohammed Mostajo.
Esta compra, a todas luces no sólo era fraudulenta; sino que además era dañina para la salud de la población porque se compraron y distribuyeron resucitadores mecánicos, que no servían para cui-dados intensivos y no funcionaban por falta de accesorios, dice el informe.
Uno de los aspectos más graves es que, más allá de la falta de idoneidad de los bienes, las autoridades de gobierno, acordaron que la transacción tenga un sobreprecio de más de $us 3.000.000 obtenido de un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo con certificación del ministerio de Salud que afirma un buen funcionamiento de los mismos, señala el documento.
Precisa que este aspecto fue confirmado por el fabricante, quien declaró que había vendido a IME Consulting Global Services S.L. los equipos incluyendo todos sus accesorios por un total de $us 1.601.991,60 y dicha empresa, a su vez, vendió dichos equipos a la AI-SEM en $us 4.773.600,00 y un precio unitario de $us 28.080,00.
Advierte que cambios unilaterales en el contrato sobre la fecha y entrega de los equipos dispuestos por el ministerio de Salud impediría formar un argumento jurí-dico para la recuperación de $us 2.028.780 pagados a la empresa IME Consulting Global Services S.L, porque dichos cambios de último momento debieron hacerse mediante una adenda.
Asimismo, el hecho que el ministerio de Salud y la presidenta Áñez hayan recepcionado en lugar de una Comisión de Recepción que debió recibir los 170 y no los 75 iniciales, haría variar las condiciones de garantía no siendo imputables al proveedor.
RESPIRADORES CHINOS:
En la segunda compra de 324 respiradores chinos, la comisión afirma que el sobreprecio está confirmado por información de la fábrica; por los documentos de embarque elaborados para despacho y posterior ingreso a Bolivia por la fábrica de respiradores y por supuestos costos adicionales que elevaron los precios de los equipos.
Asimismo, se evidencia corrupción cuando el viceministro Guido Melgar, aduce la elevación de costos en base a impuestos inaplicables, lo cual no es cierto, indica, porque el presidente de la Aduana Nacional Jorge Hugo Lozada, informó que se liberó de impuestos a las importaciones de los insumos médicos necesarios para enfrentar el coronavirus.
Señalan que la empresa Yueshen Med, manifestó que el costo de los ventiladores chinos, al 18 de agosto de 2020, era de $us.8.900. Revisados los documentos de embarque elaborados para despacho y posterior ingreso a Bolivia, se pudo constatar que el precio menor es de $us 10.939 y el mayor de $us.13.190.22, demostrando así que ninguno de los reportes consigna el monto de $us 18.900.00 como sostuvo el viceministro Melgar.
Este informe indica que “para todo el negociado con los respiradores, se conformó una red de corrupción en la que participaron entre otros, Aníbal Cruz, Mohammed Mostajo Radji, el ministro de Obras Pública Iván Arias y otras autoridades, mismas que deberán rendir cuentas de sus actos ante la Contraloría General del Estado y el Ministerio Público”.
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