El 19 de noviembre, Analía, de 18 años, salió a hornear pan en una fundación infantil cerca de su casa en El Alto, una ciudad que se extiende por las llanuras andinas sobre La Paz. Ella nunca llegó. Horas después, estaba arrodillada en una carretera llena de casquillos de bala y detritos, con los pulmones ardiendo por las nubes de gas lacrimógeno, cuando un soldado le apuntó con su arma y le gritó que suplicara por su vida.
“Cuando queríamos correr, pero nos dijeron que nos quedáramos quietos o dispararían”, le dijo a VICE News.
Ese día, el ejército boliviano abrió fuego contra los manifestantes que bloqueaban una planta de gas en el barrio El Alto de Senkata, matando a 10 personas e hiriendo a decenas. Fue la segunda masacre en menos de una semana. Pocos días antes, las fuerzas de seguridad mataron a 10 personas durante una marcha de protesta cerca de la localidad de Sacaba.
La violencia tuvo lugar después de que el expresidente Evo Morales se viera obligado a dimitir cuando las acusaciones de fraude electoral provocaron un estallido de protestas.
Diez meses después, los supervivientes siguen esperando justicia. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció en septiembre que se retiraría de las elecciones presidenciales del 18 de octubre. Pero con elecciones libres y justas en duda, un nuevo gobierno no significará necesariamente justicia para los sobrevivientes.
El gobierno de Áñez ha manifestado que los militares no dispararon un solo tiro en Senkata, que los disparos en Sacaba vinieron de la dirección de la marcha y que los manifestantes se dispararon entre sí. El Ministerio de Defensa de Bolivia afirmó que los manifestantes en Senkata eran vándalos que intentaban volar la planta de gas con dinamita, lo que podría haber destruido todo el vecindario.
Investigaciones independientes de derechos humanos no encontraron evidencia de que los manifestantes estuvieran armados y señalaron que algunas de las víctimas en Senkata eran simplemente transeúntes.
Analía, quien pidió a VICE News que no usara su nombre real, tomó deliberadamente la calle secundaria ese día para evitar problemas, pero se vio envuelta en la violencia de todos modos. Cuando se detuvo para revivir a una mujer que había inhalado tanto gas lacrimógeno que no podía respirar, cinco soldados rodearon a su grupo, sosteniéndolos a punta de pistola. Les dijeron que se arrodillaran y suplicaran perdón, derribando a un hombre cuando se negó.
Luego, los soldados ordenaron a Analía ya otras dos jóvenes que los acompañaran. Una mujer mayor del grupo gritó que eran violadores y cerdos. En respuesta, los soldados la golpearon hasta sangrar. “El golpear a la mujer también me lastimó, pero no sabía qué hacer. Sabía que si hacía algo, ellos también podrían golpearme o llevarme ”, dijo. “Yo estaba en shock.”
De repente, voces a lo lejos gritaron: “¡Han llegado los mineros!”. Los mineros de Bolivia son famosos por su militancia . Nerviosos de que pudieran causar problemas, los soldados dejaron ir al grupo de Analía.
Nunca vio manifestantes con armas o dinamita. Más tarde, algunos manifestantes improvisaron cócteles molotov con botellas de vidrio de un quiosco derribado en la carretera. Un joven se los arrojó a los soldados, pero estaban fuera de su alcance. Mientras Analía miraba, le dispararon en la cabeza, dijo a VICE News.
LA PRESIDENTA INTERINA DE BOLIVIA, JEANINE ANEZ, ES UNA CONSERVADORA CRISTIANA QUE SE FORMÓ COMO ABOGADA Y TUVO UNA CARRERA COMO PRESENTADORA DE TELEVISIÓN ANTES DE CONVERTIRSE EN SENADORA. FOTO DE AIZAR RALDES / AFP VÍA GETTY IMAGES.
Como presidente interino, las acciones de Áñez han creado las condiciones para los abusos de derechos humanos, dicen los observadores. El 14 de noviembre firmó un decreto en el que decía que los miembros de las fuerzas armadas no serían responsables penalmente de sus acciones como parte del “restablecimiento del orden interno” mientras actuaran en defensa propia o fuera de “ necesidad”.
Amnistía Internacional advirtió que dio una “carta blanca para la impunidad”.
El decreto fue ilegal, según Thomas Becker, abogado de derechos humanos de la Red Universitaria por los Derechos Humanos que ha investigado abusos de derechos durante el mandato de Áñez. “En el derecho internacional y el derecho boliviano, no se puede dar inmunidad a las personas por masacrar a civiles”, dijo.
En diciembre, Áñez firmó otro decreto que ofrece una indemnización de 50.000 bolivianos (7.230 dólares) a las familias de los muertos durante la violencia postelectoral. Pero el decreto decía que renunciarían a su derecho a buscar justicia en los tribunales internacionales si aceptaban. La oferta fue recibida con disgusto por familias y sobrevivientes, quienes la vieron como un intento de comprar su silencio.
“No poder denunciarlo, mantener la boca cerrada, es una burla”, dijo Teodoro, un sobreviviente de la masacre de Senkata que también pidió a VICE News que no usara su nombre real. Se defendió con la tapa de un bote de basura de los perdigones que disparaban los soldados mientras se retiraba por la avenida. Pronto, cambiaron a balas. El hombre a su lado recibió un disparo mortal, dijo. “Nunca olvidaré esa avenida, ni al hombre que luchó a mi lado”, dijo entre lágrimas. “No sé cómo salí vivo de allí”.
“La indemnización tiene que entenderse de manera integral”, dijo David Inca de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto. “No es solo, da 50.000 bolivianos y me olvido”.
Áñez se convirtió en presidente tras la renuncia de Morales porque el vicepresidente y los líderes del Senado y la Cámara de Diputados, que normalmente asumir la presidencia, también habían renunciado . Cristiana conservadora del departamento de las tierras bajas de Beni, se formó como abogada y tuvo una carrera como presentadora de televisión antes de convertirse en senadora.
Su cabello rubio y su apariencia glamorosa marcaron un marcado contraste con su predecesor. Morales estuvo en el poder durante casi 14 años y fue el primer presidente indígena de Bolivia. Disfrutó del fuerte apoyo de la clase trabajadora e indígena.
Los grupos de derechos humanos han expresado su preocupación por el resurgimiento del racismo y la violencia contra los indígenas desde que Morales fue derrocado. Áñez ha sido criticada por expresar ideas anti-indígenas .
El gobierno ha hecho algunos gestos de reconciliación. El Ministerio de Salud acordó establecer una comisión con la Asociación de Víctimas de Senkata para garantizar la atención médica a los heridos. Los investigadores finalmente organizaron una reconstrucción de la masacre de Sacaba. Pero para muchos, esto es muy poco, es demasiado tarde. “La reconstrucción de Sacaba fue meses después de que sucediera”, dijo Becker. “La sangre se fue, las balas se fueron”.
Un mes antes de las elecciones, los defensores de los derechos humanos siguen enfrentándose a la negación y al secreto. La Defensora del Pueblo Nadia Cruz ha acusado al gobierno de retener información vital para establecer lo que sucedió durante los asesinatos.
Lejos de reconocer los abusos señalados por los principales organismos defensores de los derechos, Áñez y sus ministros han desviado las críticas y acusado a las organizaciones de parcialidad, situación que Becker describió como “orwelliana”. Cuando Human Rights Watch hizo sonar la alarma a principios de este mes por la persecución política de los aliados de Morales durante su gobierno, Áñez acusó a la organización de “ignorar la realidad”, alegando falsamente que nunca habían criticado los abusos de Morales.
“No existe un contexto en este momento en el que las familias puedan obtener justicia”, dijo Becker.
Portada: Una mujer gesticula y grita durante el funeral de las personas asesinadas ayer durante los enfrentamientos entre partidarios de Evo Morales y las fuerzas de seguridad en Senkata en noviembre de 2019. Foto de Gaston Brito Miserocchi / Getty Images.
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