Gobierno frena el pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000

Por Marco A. Ibañez / La Razón.- El Órgano Ejecutivo insiste en que no cuenta con los recursos financieros para el pago del Bono contra el Hambre de Bs 1.000, que fue promulgado mediante Ley 1330 por la Asamblea Legislativa (ALP) y que se encuentra en vigencia tras su publicación en la Gaceta Oficial. 

El viceministro de Inversión Pública y Financiamiento Externo, Gonzalo Quiroga, ratificó el domingo que no existen las condiciones para efectuar el pago de ese bono a la población, más aún porque el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en respuesta a una consulta efectuada a cada uno de los organismos por parte del Ministerio de Planificación del Desarrollo, señalaron que los recursos facilitados al Estado boliviano no pueden utilizarse para otros fines que no estén consignados en los contratos de préstamo.

“El día 14 de agosto hicimos una consulta al BID y Banco Mundial, ellos nos respondieron que en ningún momento las operaciones fueron contratadas para ese fin, para pagar un bono (contra el Hambre) con ese dinero”, explicó la autoridad en una entrevista en el canal estatal.

Sin embargo, la presidenta de la Comisión de Planificación, Políticas Económicas y Finanzas de la Cámara de Diputados, Otilia Choque, aseguró que los fondos para el pago se encuentran establecidos en el artículo 3 de la Ley 1330, que indica que el bono será financiado con los recursos provenientes de la reposición a ser efectuada en el marco del contrato de crédito externo 9115-BO, suscrito con el Banco Mundial, y contrato de préstamo 5039/OC-BO, suscrito con el BID.

“En total son $us 704 millones, ésos son los recursos; considerando el pago de Bs 1.000 no se gastará la totalidad (…). Y si hay un saldo con una ley se dispondrá para otro gasto, así va a haber transparencia y disposición correcta de los recursos”.

Por su parte, el viceministro Quiroga reiteró que esta semana el Ejecutivo presentará un recurso abstracto al Tribunal Constitucional (TCP) y una demanda legal por “malversación de fondos” en contra de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Eva Copa, por la promulgación de la ley que crea el Bono contra el Hambre. debido a que el pago de ese beneficio depende de dos leyes que no fueron aprobadas.

De igual forma, esta autoridad afirmó que en “este tema se está trabajando desde un punto de vista político e incluso en un momento determinado ya tomó un rumbo electoral, pues es una promesa de un candidato (Luis Arce, del Movimiento Al Socialismo- MAS) y no puede ser que una promesa de un candidato afecte a 11 millones de personas si no se tiene la forma de pagarlo”.

Copa promulgó el 16 de septiembre la ley que crea el Bono contra el Hambre, de Bs 1.000. Esta norma entró en vigencia, el sábado, a través de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia, pese a los cuestionamientos y rechazo por parte del Órgano Ejecutivo.

 La ley establece que los beneficiarios del bono serán “las personas que no tengan ningún tipo de remuneración salarial del sector público o privado, sean mayores de 18 años a la promulgación de la ley”. Serán contemplados en este grupo madres que reciban el bono Juana Azurduy, personas con discapacidad y los beneficiarios del Bono Universal, unos 3,6 millones de bolivianos.

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