A 10 meses de la masacre, que se cumplió ayer, “un manto de impunidad protectivo” de parte del Estado impide la reparación de daños y el esclarecimiento de los hechos, denuncia el funcionario.
Pocos días después de proclamarse “ipso facto” presidenta Jeanine Áñez, el 12 de noviembre de 2019, una serie de movilizaciones se desató contra su gobierno transitorio. Para intentar atenuar la crisis, la mandataria promulgó el 14 de noviembre el Decreto Supremo 4078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a actuar en los conflictos con la garantía de una eventual inmunidad legal.
Al día siguiente, una multitudinaria movilizaciones de campesinos, colonos y cocaleros fue reprimida al ingreso a Cochabamba por Sacaba, en la zona de Huayllani. El resultado del operativo conjunto entre la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas fue nueve fallecidos y más de 200 heridos, todos por impacto de bala.
Entonces, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presumió que los movilizados se dispararon entre sí y que las balas no correspondían al de uso oficial. Hace poco, el 25 de agosto, insistió: “La mayoría de los muertos (en Sacaba y Senkata) son con bala en la nuca, en la espalda, en el costado. Yo hasta ahora no conozco una bala que se haya fabricado (para) que se dé la vueltita para entrarte por la nuca; no conozco. En un enfrentamiento, los tiros son el pecho, en la cara; son de frente”, afirmó con cierta ironía.
Días antes, el 10 de agosto, su colega de Defensa, Luis Fernando López, insistió en la posición oficial. “En noviembre (de 2019), en la peor época de la democracia, las Fuerzas Armadas no dispararon ni un cartucho; ningún fallecido fue a causa de la Policía o las Fuerzas Armadas”, dijo.
A 10 meses de la masacre, como llamó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), Cox repasa los hechos.
‘Burda teoría‘
El defensor refuta a Murillo, de cuyo criterio sobre las muertes de Sacaba afirma que “es por demás burda la teoría absolutamente irrisoria que plantea el ministro de Gobierno”. “Todos los tiros han sido en la nunca, sí; pero desde abajo, porque todos los muertos caen tendidos hacia arriba. Todos los testigos que los han rescatado dicen: ‘Su cuerpo estaba hacia aquel lado’”, explica.
Entonces murieron por impacto de bala Lucas Sánchez Vakencia, Roberto Sejas Escobar, Juan López Apaza, Omar Calle Siles, César Sipe Mérida, Armando Carballo Escobar, Plácido Rojas Delgadillo, Marcos Vargas Martínez y Emilio Colque León. Herido de muerte y después de una larga agonía, Julio Pinto Mamani falleció el 11 de junio reciente.
Cox cuenta cómo sucedieron los hechos incluso antes del 15 de noviembre, el día de las muertes. “Me consta. Cada día desde el 10 de noviembre, 11, 12 o 13, cada día había arrestados; vi en la UTOP entre 80 y 240 arrestados”, recuerda ahora.
Relata que el 13 se reunió con el comandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, y el dirigente Jhony Pardo para evitar posibles incidentes por el paso de una multitudinaria movilización contra Áñez que pretendía ingresar a Cochabamba.
“En esa ocasión, el comandante amenazó de forma muy vehemente a don Jhonny: ‘Yo no voy a permitir que ustedes pasen (estábamos negociando de que permitan el paso), porque ustedes están viniendo a causar estragos en Cochabamba, tengo información de Inteligencia. Si ustedes pasan a Cochabamba, yo los voy a cazar’”.
Pardo reivindicó el derecho a la movilización, dice Cox. “Y el comandante respondió: Si ustedes no hacen caso, se someterán a las consecuencias; les estoy anunciando, nosotros no queremos aniquilarlos. Textual”, afirma.
Intervención
Cox dice que el día de la intervención policial-militar Zurita argumentó una falsedad para ganar tiempo y reforzar los contingentes. “A las dos de la tarde menos cuarto me llama el comandante; me dice: ‘doctor, ¿cómo está? Le estoy llamando para que venga a Sacaba, para que negocie y les explique que no pueden pasar. Quieren bajar a Cochabamba y esta movilización no puede pasar’.
Yo le dije que no voy a ir a ninguna movilización a negociar; no me corresponde ir a negociar con quienes están en movilización para decirles que no se movilicen”, recuerda el funcionario.
masacre. Entonces ocurrió lo que se sabe. “Era muy evidente que los disparos venían desde el puente (donde estaban parapetados los militares y los policías), porque todos los muertos cayeron en cuerpo tendidos hacia atrás, hacia arriba”, cuenta Cox.
“Ese día, aparte de tener más de 122 heridos en clínicas y hospitales, después de haber generado, el contingente policial —esto para mí es una masacre, que por eso se enojó la Policía conmigo y me amenazó— no dejaba pasar los heridos porque ya habían rebalsado los hospitales México y Salomón Klein (Sacaba) y por eso bajamos el Viedma; hicieron una cadena, no dejaban pasar ambulancias”, recuerda.
Armas letales
Y el defensor continúa el relato: “De verdad que es una situación absolutamente confirmada de todo lo que he hablado. Y por eso, después de haber verificado más 122 heridos en todas clínicas y los hospitales, no había un solo efectivo policial que esté en la CNS Caja Nacional de Salud), un solo efectivo. He ido a Cossmil (Corporación del Seguro Social Militar), yo tenía duda de qué había pasado; no había un solo militar herido. Le estoy diciendo porque me consta”.
La develación: “Entonces, sale un argumento totalmente forzado del comandante Zurita cuando le preguntaron esa noche cómo ocurrieron las muertes con armas de fuego; dice textual: ‘Nosotros no estábamos con armas de fuego’. ¿Y quiénes estaban, estaban los militares? ‘Sí, sí, sí; los militares estaban con armas de fuego, toditos’. Textual”.
Más allá de las declaraciones de Áñez, Murillo o López, que reivindican la actuación de las fuerzas conjuntas ante esos grupos “sediciosos” que querían provocar una “guerra civil”, como insiste la mandataria, hasta la fecha no hay un informe oficial sobre los hechos de parte del Gobierno. “El equipo de la Defensoría estaba muy de cerca. Por eso me apena que a 10 meses haya un manto de impunidad protectivo del Gobierno transitorio; ni una sola carta respondieron”, reclama el defensor.
Asegura que la Defensoría del Pueblo requirió información de Zurita y del comandante del Ejército, general Luis Antonio) Cuéllar, sin mayores resultados. “Ninguno de los dos respondió y dijeron que ‘por mandato constitucional no podemos informar lo que viene a ser (asunto) de seguridad del Estado; cualquier cosa, diríjase con nota a nuestros ministros; o sea, a los ministros de Gobierno y de Defensa’”.
Resistencia Cochala
Pero Cox cuenta que hubo coordinación previa a la represión, incluso con la participación de grupos de civiles de forma irregular. “Me consta cómo han coordinado de forma directa Resistencia Juvenil Cochala (RJC) y comandante Zurita para hacer intervenciones preventivas, para ir a la zona Sur a corretear a todo aquel que quiera movilizarse. Para ir a Sacaba a querer corretear. Eso es lo que he reclamado”.
Ahora denuncia que es amenazado, a pesar de las medidas cautelares contra Zurita. “Por eso, la Policía comienza a amenazarme y amedrentarme, y toman mi oficina, van a mi casa; me han dejado un mes sin oficina por reclamar la masacre. Todo surge a raíz de haber constatado lo que le estoy diciendo; es la primera ocasión que lo estoy contando públicamente. La Defensora va a presentar en el informe”, adelanta Cox.
A 10 meses, dice que no hay juicio que avances ni investigación que pueda esclareces los hechos, y las familias de los muertos, y los heridos no recibieron ni un centavo de indemnización. Tampoco el Ministerio de Salud cumplió su compromiso de pagar la curación de los heridos en distintas clínicas.
“La masacre sangrienta que han cometido se tiene que juzgar; van a caer todos los responsables. No pueden ellos generar una falsa información”, remata.
