Por Miguel Gómez / la Razón.- Human Rights Watch (HRW) publicó este viernes el informe La justicia como arma: Persecución política en Bolivia, en el que acusa al gobierno transitorio de Jeanine Áñez de abusar del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales. Más aún, señala que los cargos por terrorismo contra el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) parecen responder a motivaciones políticas, por lo cual pide retirarlos.
El texto de 53 páginas documenta casos promovidos con “cargos desproporcionados o infundados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva”, según una nota de prensa de la organización defensora de los Derechos Humanos; paralelamente, presenta casos de “abuso del sistema de justicia contra opositores a Morales durante su gobierno (2006-2019)”.
“Los fiscales pueden y deben investigar, si tienen información creíble, un delito cometido por quien sea, incluyendo altos exfuncionarios públicos”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, según la nota de prensa. “Sin embargo, es crucial que la Fiscalía y los jueces actúen de manera independiente, respeten los derechos fundamentales y no sean una herramienta para perseguir a opositores políticos del gobierno de turno”.
La indagación se realizó tras la renuncia de Morales, el 10 de noviembre del año pasado, asfixiado por las protestas cívicas, un motín policial y la sugerencia de las Fuerzas Armadas para que tome esa decisión, en medio de denuncias de fraude en las elecciones de octubre que le dieron por ganador. Además, un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) apoyó esa tesis, auditoría que ha sido criticada por estudios internacionales.
Ante ello, el entonces presidente partió con destino a México, para luego, en diciembre, trasladarse a Argentina como refugiado político, donde permanece actualmente. Dos días después de su dimisión, la senadora Jeanine Áñez asumió el poder, en una posesión salpicada de polémica, y se comprometió a convocar a comicios.
Más de 100 casos contra vinculados a Morales
“Áñez, actual presidenta interina, tuvo la oportunidad de romper con el pasado y asegurar la independencia judicial. Sin embargo, su gobierno ha presionado de forma pública a fiscales y jueces para que actúen de manera favorable a sus objetivos, dando lugar a investigaciones penales contra más de 100 personas vinculadas al gobierno de Morales o simpatizantes por supuestos delitos de sedición o terrorismo. Decenas más están siendo investigadas penalmente por presunta pertenencia a una organización criminal, incumplimiento de deberes y otros delitos. A la luz de la evidencia, muchos de los casos parecen perseguir fines políticos”, indica HRW.
El comunicado añade que la entidad analizó miles de páginas de documentos judiciales e informes policiales en 21 casos, además que tuvo acceso al expediente en el cual se acusa de terrorismo a Morales. Las entrevistas realizadas por HRW incluyen al “ministro de Gobierno, Arturo Murillo; la defensora del Pueblo, Nadia Cruz; fiscales, abogados defensores, personas que participaron en bloqueos de carreteras y manifestaciones (a favor y en contra de Morales), testigos de hechos de violencia y familiares de manifestantes asesinados”.
Se critica que hubo casos en que los fiscales presentaron cargos “por terrorismo contra personas por el simple hecho de haber tenido contacto telefónico con Morales. A otras personas se les imputaron delitos por haber ejercido su libertad de expresión al publicar críticas contra el gobierno en internet”.
Los casos descritos por el informe incluyen la imputación contra Patricia Hermosa, apoderada y exjefa de Gabinete de Morales, por los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y sedición, “exclusivamente en base al contacto telefónico que mantuvo con Morales después de que este renunciara. La detuvieron el 31 de enero de 2020 y estuvo en detención preventiva hasta el 5 de agosto sin acceso a atención médica, pese a estar embarazada. En marzo, tuvo un aborto espontáneo”.
También se toma en cuenta la imputación contra Mauricio Jara, simpatizante de Morales, por los “delitos de sedición, instigación pública a delinquir y atentado contra la salud pública, al parecer por haber ejercido su libertad de expresión”. El documento añade que como “prueba de su participación en actividades delictivas, la policía manifestó que Jara supuestamente había calificado al gobierno de ‘tirano’ y ‘dictatorial’, se había referido a la muerte de al menos 10 manifestantes en Senkata en noviembre de 2019 como una ‘masacre’, había ‘desinformado’ y había exhortado a que se llevaran a cabo protestas. Jara se encuentra actualmente en detención preventiva”.
Y el caso del juez Hugo Huacani igualmente forma parte del informe, autoridad judicial que otorgó la detención domiciliaria a Edith Chávez, quien trabajaba como “empleada doméstica” del exministro Carlos Romero. El documnto indica que “dos abogados del gobierno denunciaron al juez ante la policía por su presunta ‘falta de independencia’. La policía aprehendió al juez, quien estuvo detenido hasta el día siguiente, cuando otro magistrado resolvió que su arresto había sido ilegal. Huacani fue acusado por la Fiscalía, por incumplimiento de deberes y por tomar decisiones contrarias a la ley”.
HRW señala que Morales fue imputado por terrorismo y financiamiento del terrorismo, delitos que son penados con hasta 20 años de cárcel, a la par de otras causas abiertas contra el expresidente y que son impulsadas por el gobierno de Áñez.
“Los cargos de terrorismo contra Morales se basan en una llamada telefónica realizada en noviembre de 2019, días después de que Morales dejara el cargo, en la cual una persona que presuntamente sería Morales instó a un colaborador a movilizar a manifestantes para que bloquearan carreteras de acceso a algunas ciudades e impidieran el ingreso de alimentos. En la llamada, la persona dice: “combate, combate, combate” e insta a ‘dar dura batalla a la dictadura’, en referencia al gobierno interino de la presidenta Áñez”, explica el documento.
El informe se refiere igualmente a las movilizaciones de octubre y noviembre. “Aunque la mayoría de las protestas se desarrollaron en forma pacífica, algunos manifestantes a favor y en contra de Morales presuntamente secuestraron a personas asociadas con el bando contrario, quemaron viviendas y otros edificios, y cometieron otros actos de violencia, incluyendo el asesinato de dos manifestantes contrarios a Morales en la localidad de Montero por presuntos simpatizantes de Morales”.
Asimismo, remarca que en la grabación por la cual se acusa a Morales, “las personas que hablan no se refieren al uso de la violencia ni a la participación en alguno de los actos violentos que se habían producido. Los fiscales sostienen que Morales ordenó que se cometieran actos de violencia. Sin embargo, las pruebas incluidas en el expediente a las cuales tuvo acceso Human Rights Watch (que consisten, principalmente, en esa única llamada telefónica) no dan el menor sustento a esa acusación”.
“Las declaraciones atribuidas a Morales son, sin duda, preocupantes, y es razonable que los fiscales investiguen si constituyen un delito conforme al derecho boliviano”, afirmó Vivanco, siempre según la nota de prensa. “Sin embargo, aplicar la definición de terrorismo de la legislación boliviana, que es excesivamente amplia, para conseguir una condena a 20 años de cárcel contra Morales no guarda ninguna proporción con la conducta reflejada en la llamada telefónica y más bien parece un ataque político contra Morales y sus partidarios”. Ante ello, la organización pide que se retiren los cargos contra el exmandatario.
(11/09/2020)
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