La Paz.- El Gobierno de Jeanine Añez podría ser demandado si no presenta pruebas fehacientes en la denuncia interpuesta por el Estado contra el expresidente, Evo Morales; el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi; y el dirigente cocalero, Leonardo Loza por supuestos crímenes de lesa humanidad, ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
El abogado constitucionalista, Franklin Gutiérrez afirmó que el Procurador General del Estado Plurinacional, José Maria Cabrera, a nombre del país y utilizando los recursos económicos del Estado, tuvo que haber reunido todas las evidencias que comprueben las acusaciones contra esas personas.
“El Gobierno, mediante la Procuraduría, ha tenido que reunir suficientes evidencias, no recortes de periódicos, no panfletos, evidencias claras y objetivas que vayan a presumir que ellos tienen la facultad y la suficiente prueba para poder acudir al Tribunal de La Haya, caso contrario, podría darse la vuelta la situación y el Estado va a tener que pagar daños y perjuicios a las personas denunciadas”, dijo el constitucionalista.
Explicó que el Procurador, amparándose en el estatuto de Roma, abre la posibilidad de presentar una demanda a países que no tengan la posibilidad de juzgar actos de lesa humanidad, por tanto, acuden a la Corte Internacional.
Sin embargo, dijo que para interponer una demanda, como la presentada, se requiere una serie de requisitos, caso contrario, puede ser observada y posteriormente rechazada por la Corte Penal Internacional.
Asimismo, afirmó que los demandados están en su derecho de plantear una impersonería o falta de acción contra el Gobierno de Áñez, además de los incidentes y excepciones que son interpuestos como en cualquier juicio ordinario.
De la misma manera, coincidió con otros analistas en que no existe un plazo establecido para que Bolivia reciba una respuesta inmediata a la demanda, pues es un procedimiento largo y se cumplen varias etapas, hasta llegar al Fiscal de la Corte.
Por su parte, el constitucionalista José Luis Santistevan, indicó que existe un estatuto que establece el procedimiento para este tipo de demandas y no hay un tiempo para que se dé una respuesta sobre la admisión de la denuncia.
A su juicio, ahora la denuncia está en manos la fiscal de la CPI, pero no tiene término perentorio, y lo primero que debe hacer es recabar toda la información sobre el caso y después se tomará el tiempo que considere conveniente.
La Fiscalía puede decidir el inicio de la investigación si encuentra materia suficiente y también podría informar sobre la inexistencia de pruebas. El informe recorre una vía oficial, es decir, es enviada a la sala de cuestiones preliminares donde se decide si procede la investigación y su procesamiento.
Santistevan cree que la campaña electoral se ha judicializado y por ese motivo se ha producido una competencia sobre quién “mete preso a Evo y al MAS”.
Sobre el mismo tema, el constitucionalista Iván Lima, consideró que con la denuncia de la Procuraduría se ha renunciado a la soberanía nacional para investigar estos hechos, porque se acude a este organismo internacional cuando un país tiene la incapacidad de investigar crímenes de lesa humanidad.
“El momento en que el Estado se rinde, reconoce su incapacidad para resolver y juzgar los crímenes que ocurrieron en su territorio, eso significa acudir a la Corte Penal Internacional”, señaló.
